Desde el uno de marzo de 2015 quedan eliminadas las tasas judiciales para las personas físicas. Se mantienen así las mismas y en las mismas cuantias para las pequeñas y medianas empresas y otros entes que no tienen la consideración de personas físicas como las comunidades de propietarios , asociaciones, y diversos entes jurídicos a parte de las pymes.
Lo cierto es que llevamos tres años luchando todos los abogados por la eliminación de estas tasas que no ha generado ningún beneficio ni a la Justicia ni a los Justiciables.
De los 500 millones de euros recaudados en este tiempo, nada se ha invertido directamente en Justicia, habiendo ido todo a la caja general. Las personas que han pagado su tasa judicial, durante este tiempo ha sufrido los males de la justicia al igual que los que no lo han pagado. No ha habido una mejora en la gestión, ni en los servicios informáticos, ni en el incremento de personal, ni en ningún otro servicio.
Los abogados con vocación social, que trabajan en el turno de oficio para atender los problemas jurídicos de los que no tienen medios económicos, no han experimentado ninguna mejoría en sus ínfimos honorarios.
Para los que han pagado sus tasas judiciales nada se ha previsto en referencia a «posibles indemnizaciones para quien acredite que perdió derechos por no poder abonar las tasas judiciales, o si se van a proceder a devolver los importes abonados por las personas físicas durante estos 27 meses del ahora reconocido error, o que pasa con aquellos justiciables que, por ejemplo, se encuentran en un período de subsanación para el pago de las tasas judiciales y la admisión de su recurso de apelación»
En fin, ahora comenzamos una nueva andadura regido nuevamente por los vaivenes de la política, al son del partido que gobierne; sin haber mejorado el servicio que se presta al ciudadano, donde ni los justiciables, ni los abogados y procuradores, ni los funcionarios públicos han tenido ningún beneficio, pero donde el Estado ha conseguido 500 millones de euros.
C. DIAZ & SONEIRA. ABOGADOS