El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto que modifica de forma significativa el régimen de los contratos formativos, imponiendo límites estrictos para su utilización en empresas de menor tamaño. La medida pretende evitar el abuso de figuras como los contratos en prácticas, especialistas junior o becarios encubiertos, reforzando así la protección de los jóvenes trabajadores.
Para pymes, autónomos con empleados y negocios familiares —muchos de ellos muy dependientes de perfiles formativos para cubrir vacantes— esta reforma supone un cambio importante en su planificación laboral y en la estructura de costes.
A continuación analizamos los puntos clave de la norma y su impacto jurídico y práctico.
¿Qué contratos se ven afectados por el nuevo Real Decreto?
La reforma establece límites a todos los contratos formativos, que incluyen:
- Contrato de formación en alternancia
- Contrato formativo para la obtención de práctica profesional
- Contratos formativos específicos para sectores que requieren certificación
- Programas de especialización o junior vinculados a formación reglada
Estos contratos, que hasta ahora podían usarse de forma relativamente flexible, pasan a estar sujetos a restricciones cuantitativas según el tamaño de la empresa.
Límite máximo de contratos formativos en empresas pequeñas
El punto más relevante del Real Decreto es la imposición de un número máximo de contratos formativos por centro de trabajo.
Empresas de hasta 10 trabajadores
Máximo 3 contratos formativos simultáneos.
Empresas de entre 11 y 30 trabajadores
Máximo del 15 % de la plantilla.
Empresas de más de 30 trabajadores
Máximo del 10 %, salvo que el convenio sectorial establezca una cifra diferente.
Este límite afecta especialmente a:
- pequeños comercios con varios estudiantes o recién titulados,
- talleres o academias que recurren a perfiles formativos para aprender el oficio,
- autónomos empleadores que usaban estas modalidades para reforzar servicios sin incrementar significativamente costes salariales.
Justificación de la reforma: evitar abusos y mejorar la calidad formativa
Según el preámbulo del Real Decreto, el objetivo es:
- Garantizar que los contratos formativos cumplen realmente una función educativa.
- Evitar su uso como fórmula para reducir costes laborales.
- Reforzar el acompañamiento formativo y la tutorización.
- Ajustar la normativa española a criterios europeos de buenas prácticas.
Esto implica que las empresas deberán demostrar que:
- Existe un plan formativo real.
- El tutor designado tiene cualificación.
- Las tareas asignadas son acordes al contenido formativo.
La Inspección de Trabajo incrementará la vigilancia sobre este tipo de contratos.
Consecuencias para las empresas que incumplen los límites
El incumplimiento del nuevo régimen puede conllevar:
a) Conversión automática en contrato indefinido
Si la empresa supera el número máximo permitido, el contrato afectado podrá considerarse indefinido desde su inicio.
b) Sanciones económicas
Multas que podrían oscilar entre 751 y 7.500 €, dependiendo de la gravedad.
c) Pérdida de bonificaciones
Todos los beneficios y reducciones de cotización aplicables a los contratos formativos pueden perderse.
¿Cómo deben prepararse las pymes y autónomos empleadores?
La reforma exige planificación y previsión. Recomendamos:
Revisar la plantilla actual y comprobar ratios
Verificar cuántos formativos tiene la empresa y si habrá que reconvertir alguno.
Adaptar los procesos de selección
Limitar las ofertas de prácticas o formación a lo estrictamente permitido.
Elaborar planes formativos reales y documentados
Este será uno de los primeros documentos que solicitará Inspección en caso de revisión.
Analizar costes
Si la empresa dependía de varios perfiles formativos, deberá planificar contrataciones alternativas o reestructurar horarios.
Actualizar políticas internas y comunicar la reforma
Especialmente a responsables de departamento, academias colaboradoras o centros educativos.
La limitación de contratos formativos en pequeñas empresas supone un cambio de gran calado. Aunque su objetivo es proteger al trabajador en formación, las pymes y autónomos deberán adaptarse con rapidez para evitar sanciones y mantener una organización eficiente.
El nuevo escenario exige una gestión laboral más rigurosa, una planificación detallada y un cumplimiento estricto de las nuevas ratios establecidas.